La asociación cuestionó la propuesta de la Comisión Europea de aplicar costos de carbono a determinados vuelos internacionales desde 2029.
La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) expresó su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea de ampliar el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, conocido como EU ETS, a vuelos internacionales que despeguen desde Europa Central y aterricen en destinos ubicados a una distancia máxima de 5.000 kilómetros.
De aprobarse, la medida comenzaría a aplicarse en 2029. Actualmente, las aerolíneas ya deben pagar desde 2026 por el 100% de sus emisiones correspondientes a vuelos dentro de Europa, luego de que la Comisión Europea eliminara los derechos de emisión gratuitos para el sector.
ALTA sostuvo que la ampliación del esquema podría generar consecuencias para la aviación internacional y se sumó a los planteamientos realizados por la Organización de Aviación Civil Internacional, IATA, Airlines for America, Airlines for Europe y la Organización Árabe de Transportistas Aéreos.
Uno de los principales cuestionamientos de la asociación se refiere al carácter extraterritorial de la propuesta. Según ALTA, el sistema europeo podría terminar aplicándose sobre espacio aéreo de terceros Estados soberanos, fuera de la jurisdicción de la Unión Europea.
La organización también advirtió sobre una eventual superposición entre el EU ETS y CORSIA, el mecanismo global acordado por los Estados en el marco de la Organización de Aviación Civil Internacional para abordar las emisiones de la aviación internacional.
De acuerdo con ALTA, la aplicación simultánea de ambos sistemas sobre un mismo vuelo obligaría a las aerolíneas a monitorear, reportar y verificar las mismas emisiones bajo dos marcos regulatorios diferentes.
La asociación señaló que esta duplicación implicaría mayores costos en tiempo, capacidad operativa y recursos, sin que necesariamente se traduzca en una reducción adicional de dióxido de carbono.
Otro de los riesgos identificados es la posibilidad de que otras jurisdicciones adopten medidas similares. Para ALTA, esto podría fragmentar la regulación global y crear múltiples esquemas regionales con requisitos diferentes para una misma operación aérea.
La organización también cuestionó que no exista una garantía de que los recursos recaudados mediante el sistema sean reinvertidos directamente en la descarbonización del transporte aéreo.
Aunque la mayoría de las rutas directas entre América Latina y el Caribe y Europa quedarían fuera del alcance de la propuesta debido a la distancia, ALTA advirtió que las conexiones realizadas a través de centros de distribución europeos sí podrían verse alcanzadas por los nuevos costos.
Según la asociación, esta situación podría reducir la competitividad de las aerolíneas de la región y encarecer algunas conexiones internacionales, especialmente aquellas que dependen de escalas en Europa.
Peter Cerdá, CEO de ALTA, aseguró que la industria regional mantiene su compromiso con la reducción de emisiones y con las metas globales de alcanzar la neutralidad de carbono, pero pidió fortalecer los mecanismos ya existentes en lugar de superponer nuevas obligaciones.
“Estamos comprometidos con las metas globales de reducción de emisiones y con el camino hacia el net zero, pero fortaleciendo el marco que ya existe, no duplicándolo”, afirmó Cerdá.
El ejecutivo agregó que la protección de la conectividad y la sostenibilidad financiera de las aerolíneas también deben formar parte de la discusión: “El reto no es elegir entre ellos, sino encontrar el equilibrio”, sostuvo, al referirse a la necesidad de avanzar en la descarbonización sin afectar el papel de la aviación como motor de desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe.
