El turismo fluvial será gravado con un impuesto destinado a financiar nuevos controles fronterizos. Lo pagarán quienes entren y salgan del país en barco, pese a las objeciones de dos compañías de transporte de pasajeros.
El gobierno uruguayo adjudicó un nuevo sistema de control de fronteras que será financiado con un impuesto de US$ 2,10 más IVA, que abonarán quienes ingresen y egresen del país en barco.
Los pasajes tendrán entonces un nuevo ítem en concepto de “servicio de seguridad”, a cargo de un consorcio internacional contratado por el Poder Ejecutivo.
El gobierno adjudicó la Licitación Pública Internacional N° 19/2022 para la contratación de una “solución llave en mano”, con el objetivo de instalar un sistema de control fronterizo “para pasajeros que ingresan y egresan del Uruguay”.
Ganó la Promesa de Consorcio integrada por las empresas Veridos México Sociedad Anónima de Capital Variable y Veridos GMBH, que operará el servicio durante diez años, según informó la prensa uruguaya.
El valor de US$ 2,10 más IVA será percibido a los pasajeros a través de los agentes navieros, que deberán retener y convertir al adjudicatario el monto recaudado. Por lo tanto, la contratación “no generará ingresos o erogaciones a cargo del Ministerio del Interior”.
El nuevo mecanismo habilitará el análisis del nivel de riesgo de las personas que crucen la frontera y la búsqueda en listas de Interpol de ciudadanos uruguayos y extranjeros, lo que optimizará las alertas. Estará activo en los 43 puntos fronterizos del país.
Objetaron la decisión tanto Buquebus como Colonia Express, las dos compañías de transporte fluvial de pasajeros que operan en el Río de la Plata, que una vez puesto en marcha el sistema de control fronterizo deberán cobrar el “servicio de seguridad” por los controles migratorios.
Para las compañías fluviales la medida es “discriminatoria”, porque no se grava el transporte aéreo ni el terrestre.
