El Gobierno mexicano anunció que la modificación de su Ley Federal del Impuesto sobre Derechos de los Pasajeros de Cruceros se aplazó hasta junio de 2025.
El gobierno mexicano decidió posponer por seis meses la implementación del nuevo impuesto a los pasajeros de cruceros, programado inicialmente para entrar en vigor el 1 de enero de 2025. Esta medida, anunciada por la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA), busca amortiguar el impacto económico que este cobro adicional podría tener en el sector turístico del país.
La decisión de aplazar el cobro del impuesto se debe principalmente a las preocupaciones expresadas por la industria de cruceros y a las posibles repercusiones negativas que la medida podría generar en la economía mexicana. Entre los principales argumentos esgrimidos se encuentran:
- Disminución del turismo: el incremento en los costos por pasajero, que alcanzarían un promedio de 860 pesos mexicanos (42 dólares) adicionales, podría disuadir a muchos turistas de elegir destinos mexicanos.
- Pérdida de ingresos para las comunidades costeras: el turismo de cruceros es una fuente importante de ingresos para muchas comunidades costeras en México. Una reducción en el número de visitantes podría tener un impacto significativo en su economía.
- Menor competitividad de los destinos mexicanos: el aumento en los costos podría hacer que los destinos mexicanos sean menos atractivos en comparación con otros destinos del Caribe.
Según la FCCA, un descenso en el número de cruceristas, incluso si es mínimo, podría generar pérdidas millonarias para las empresas turísticas locales y anular los beneficios fiscales previstos con el impuesto. El turismo de cruceros genera una cadena de valor que beneficia a una amplia gama de sectores, desde el transporte y la hotelería hasta los servicios turísticos y la gastronomía.
El aplazamiento del impuesto ofrece una oportunidad para que tanto el gobierno mexicano como la industria de cruceros trabajen en conjunto para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas. Se espera que durante este periodo se lleven a cabo nuevas negociaciones y se analicen alternativas que permitan recaudar ingresos sin perjudicar la competitividad del sector turístico.
